¿El informe aprobado por la Asamblea Nacional en contra de Lasso en Ecuador carece de sustento político, probatorio y jurídico?
Sectores de la oposición quieren llevar al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a juicio político al considerarlo “mentalmente incompetente” por una serie de supuestos delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.
El sábado la Asamblea Nacional de Ecuador votó para llevar a cabo este proceso en contra del mandatario ecuatoriano que lleva en el cargo tan solo 21 meses.
Con 104 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones, la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó el inicio de un proceso judicial contra Lasso, el cual busca dejar por fuera del poder al presidente de los ecuatorianos.
VEA TAMBIÉN → ¿Qué impacto tiene para Argentina el encuentro entre Mauricio Macri y Lionel Messi?
“La comunicación del presidente de la república con la Fiscalía demuestra su transparencia e inocencia. Hay nada que esconder. Desde el primer día de gobierno de Lasso han querido por todas las vías que deje el poder”, afirmó Henry Cucalón, ministro de Gobierno de Ecuador.
El ministro indicó que en el campo legislativo jamás han irrespetado la facultad y atribución que tiene la Asamblea Nacional de controlar y fiscalizar los actos del poder ejecutivo.
“Nuestro rechazo firme es a la serie de conjeturas e inventos contra el presidente. Primero dijeron que lo querían enjuiciar políticamente y, sin embargo, han venido cambiando las causales hasta el último minuto, no saben de qué acusarlo”, aseguró.
VEA TAMBIÉN → Nuevas protestas en medio de la crisis política y social en Perú
Asimismo, Andrés Ortiz, abogado constitucionalista, recalcó que, desde el punto de vista jurídico, no considera que el presidente de la república haya incurrido en algún delito contra la seguridad del Estado.
“No veo que haya ningún nexo causal entre lo que se dice en el informe y las conductas que están plenamente tipificadas en el código penal”, reafirmó.
“En toda la historia política del Ecuador, solamente un presidente ha sido destituido mediante enjuiciamiento político, para los demás han sido golpes de Estado o pronunciamientos militares”, dijo Rafael Oyarte, profesor en derecho constitucional.
