30 altos cargos del Gobierno catalán son procesados por referendo ilegal
Un juzgado de Barcelona procesó este martes a treinta altos cargos del anterior gobierno catalán dirigido por Carles Puigdemont por su presunta implicación en la preparación del referéndum ilegal de independencia celebrado en octubre de 2017 en esta región española.
"El juzgado de instrucción 13 procesa a 30 investigados relacionados con el 1 de octubre (fecha del referéndum) por malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación", informó en un comunicado el tribunal superior de justicia de la región.
Según reseñó la agencia AFP, Nueve ministros de ese gobierno regional, así como dos líderes civiles y la expresidenta del Parlamento catalán, están siendo juzgados actualmente por el Tribunal Supremo en relación a esa votación ilegal y la infructuosa declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.
Se les acusa de rebelión y malversación, con una petición de penas por parte de la fiscalía que oscila entre los siete y los 25 años de cárcel en el caso del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
En ese proceso hay una destacada ausencia, la del expresidente Carles Puigdemont, instalado en Bélgica y declarado en rebeldía por parte de la justicia española que mantiene vigente una orden de detención nacional contra él si vuelve al país.
Paralelamente a esa causa, el juzgado 13 de Barcelona ha estado investigando desde marzo de 2017 las actividades relacionadas con el referéndum de la segunda línea de mando del gobierno regional.
Entre la treintena de procesados figuran responsables de comunicación, economía e informática del gobierno regional, los directores de los medios de comunicación públicos y jefes de empresas presuntamente contratadas para la preparación de la votación.
La magistrada instructora les acusa de "organizar una serie de acciones que aseguraran la celebración de una convocatoria declarada judicialmente ilegal, comprometiendo para ello presupuesto público", señala el comunicado.
Además, la juez impone a los 17 procesados por malversación una fianza total de 5,8 millones de euros que, según su estimación, es la cantidad gastada para el referéndum.
El procesamiento, recurrible por parte de los implicados, es el paso previo al auto de apertura del juicio oral contra los acusados.
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