La inacción de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y su régimen es materia de indignación reiterada. Yo mismo escribí “Justicia retrasada es justicia denegada” en diciembre último, entre otros textos. Ello en razón de los argumentos burocráticos que se invocan para mantener el caso como “examen preliminar” más allá de toda razonabilidad.
El caso motivó al Secretario General de la OEA, a dos Altos Comisionados de Derechos Humanos de ONU, a seis países de América (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú), a tres de Europa (Alemania, Francia y República Checa) y a un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil europea y americana a solicitarle a la Fiscalía un involucramiento firme. Es decir, a abandonar la fase del examen preliminar y, en virtud de la evidencia acumulada, encarar una investigación criminal bona fide.
Pero allí continúa y continuará hasta el final del periodo de la Fiscal Fatou Bensouda que concluye en junio próximo. En base a cualquiera de esas peticiones ella podría haber actuado; nótese que la denuncia de nueve Estados parte del Estatuto de Roma contra otro no tiene precedentes. Pero si no lo hizo en tres años no lo hará en los próximos cuatro meses.
En función de ese calendario, esta semana se vota por un nuevo Fiscal General de la Corte. Una elección con una importancia cardinal, el propio futuro de la Corte Penal Internacional y del sistema de justicia criminal internacional en su conjunto podría estar en juego dependiendo de quien sea nombrado para encabezar dicha Fiscalía.
La CPI fue fundada en 1998 a partir del Estatuto de Roma. Es el único tribunal permanente encargado de juzgar responsables de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. La posición del fiscal es central, dada la gravedad de los crímenes que investiga y la relevancia de los imputados; por lo general dictadores y quienes ejecutan sus órdenes. La CPI no juzga Estados sino personas y los crímenes tipificados son imprescriptibles.
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Es en ese terreno que el récord de la Fiscalía, y por ende de la Corte, es insatisfactorio. Además de alegatos acerca de supuestas opacidades administrativas, se le ha criticado su falta de eficacia: solo emitió cuatro condenas en casi dos décadas. Y además, todos los acusados en este tiempo han sido africanos; un sesgo que, a un mínimo, llama la atención. No parece haber aplicado la ley con la venda en los ojos.
La nueva persona a cargo de la Fiscalía debe ser por ello competente en sentido jurídico; es decir, con credenciales intelectuales y experiencia para aplicar los principios del Estatuto de Roma con rigor. Por ello es necesario que el nuevo fiscal también sea neutral en materia ideológica, para justamente poder ser objetivo y consecuente en la aplicación de la ley.
En este sentido preocupa a muchos juristas que algunos de los postulantes, de un total de nueve, hayan tenido pronunciamientos políticos tal vez reñidos con el cargo. Por algo es que los funcionarios judiciales de alto rango son con frecuencia recusados cuando sus posiciones generan dudas acerca de su objetividad. Dos ejemplos a continuación.
Por ejemplo, Fergal Gaynor, candidato irlandés al puesto, es notorio en su larga carrera procesal penal por haber llevado casos contra nacionales de Estados Unidos y sus aliados en una cantidad desproporcionadamente mayor que otras naciones y, además, con una retórica altisonante. Si bien dicho país no es miembro pleno del sistema—firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma—no obstante su influencia sobre muchos Estados parte no puede ser ignorada. Un Fiscal con dichas características podría llevar las actuales fricciones entre Washington y la CPI, sanciones y retiros de visas, a un verdadero callejón sin salida.
Quienes especulan con que el cambio de administración traerá, de por sí, buenos vientos para la CPI ignoran tal vez que los cambios en política exterior casi nunca son demasiado drásticos entre ambos partidos. A ellos recomiendo escuchar las marcadas coincidencias sobre Venezuela, justamente, entre el Senador Republicano Marco Rubio, un verdadero halcón sobre el caso, y el Secretario de Estado (nominado) Antony Blinken en su audiencia de confirmación.
Venezuela es relevante en el caso del candidato Carlos Castresana, fiscal español. En un verdadero blitzkrieg por medios de prensa afines, lo que no dijo en realidad fue más importante que lo que sí expresó. Pues obvió su larga vinculación con el ex-juez Baltasar Garzón quien, más allá de su condena por prevaricación en 2012, siempre ha tenido posiciones favorables al chavismo. De hecho, acaba de pronunciarse en favor de la liberación de Alex Saab, testaferro de Maduro detenido en Cabo Verde por un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos. Como es bien sabido, detrás de Garzón casi siempre viene Zapatero.
El hecho es que Castresana rehusó pronunciarse sobre Venezuela, dejando el tema para más adelante “en caso de llegar al cargo”. Venezuela es el caso más crítico en el ámbito de la oficina a la que aspira; eso es como un candidato a presidente que deja sin explicar su política económica a los votantes dejando el tema “para cuando llegue al cargo”. Si quiso ser “diplomático”, para las victimas venezolanas y sus familias puede ser interpretado como “complicidad”.
Esto subraya que el cargo también es para una persona con una intachable trayectoria y probadas credenciales éticas. No es el caso de la Fiscal saliente, justamente, cuya experiencia profesional anterior incluye haber sido Ministra de Justicia de Yahya Jammeh, dictador de Gambia entre 1996 y 2017 a su vez acusado de graves violaciones de derechos humanos. Aprender de ese error es imprescindible. De otro modo, “no será justicia”.
Héctor Schamis
