CELAC fue fundada en 2010, comenzando a funcionar luego de la cumbre de Caracas en diciembre de 2011, subráyese dónde y cuándo. Se creó sobre una única idea: oponerse a la influencia de Estados Unidos en América Latina, proyectando la de Cuba.
Canadá también fue excluido, quedando sin explicación si ello fue por ser parte de la América anglo-sajona o si también se trata de una potencia “imperialista”, término del que abusan. Si fue excluido por tratarse de “un bloque exclusivamente latinoamericano”, como repiten, tampoco tiene sentido la presencia de las naciones caribeñas, siendo que el Jefe de Estado de muchas de ellas—al igual que el de Canadá—reside en Londres. Se llama Isabel II.
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Detrás de los absurdos, la realidad es que el Caribe anglo es cliente de Petrocaribe y de La Habana, lo cual flexibiliza los supuestos requisitos identitarios. En definitiva, CELAC es un rejunte, una masa amorfa pensada para que Cuba baje línea intelectual, Venezuela financie y con la antigua retórica del anti-imperialismo construir una narrativa que sirva de pantalla para sus negocios ilícitos. Una fantasía efímera, y no es más que eso, siquiera imaginable con el petróleo por encima de 100 dólares el barril—como en 2011, justamente—que para 2014 ya había bajado a 60.
De ahí que CELAC fuera concebida como sustituta de la OEA, cuestión redundante en el castrismo desde el trauma de Punta del Este cuando Cuba fue suspendida. Hay que leer “Granma”, el órgano oficial del PC cubano, cubriendo la OEA. Desde enero de 1962 todos sus artículos sobre el tema son idénticos. No es solo por la herida del paria, también porque la verdadera enfermedad infantil del comunismo es el ahistoricismo.
El anacronismo es tal que lo que dice “Granma” hoy es lo mismo que decían Castro y Guevara seis décadas atrás, lo mismo que decía Rafael Correa una década atrás, cuando su opinión le importaba a alguien, y lo mismo que hoy repite López Obrador cuando caracteriza a la OEA como un organismo “lacayo”. No actualizan ni el vocabulario. Nostálgica de la Guerra Fría, la supuesta izquierda latinoamericana vislumbra con esperanza la llegada del pasado. O sea, es una izquierda restauradora.
CELAC estaba en una suerte de coma cuatro cuando el presidente de México se lanzó a su rescate en 2021, aunque bajándola solo a coma tres. A un precio, claro: distanciarse de su bloque de pertenencia en América del Norte y enviando señales confusas a socios comerciales e inversores por igual, quienes notaron extrañados la participación del burócrata máximo del régimen cubano en el tradicional desfile del Día de la Independencia. Pues además le dieron el podio oficial con el escudo de la nación, un verdadero sacrilegio para el sentimiento nacionalista mexicano.
Para mayor despropósito, López Obrador también produjo la aparición verdaderamente cinematográfica de un fugitivo, un imputado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e investigado por la Corte Penal Internacional, emboscando con ello al resto de las delegaciones. Se trata de Nicolás Maduro, por supuesto. CELAC no tiene seriedad, y sin seriedad no hay relevancia internacional.
A propósito de irrelevancia, ahora México le pasa la presidencia a Alberto Fernández, un mandatario incompetente, papelonero serial, derrotado en elecciones recientes, cuestionado por la propia base de sustentación que lo llevó a la presidencia y sin credibilidad internacional alguna. No hay más que repasar los fiascos de su política exterior, ya sea en relación a las negociaciones con el FMI, sus abstenciones frente a la dictadura de Venezuela, sus idas y vueltas con Nicaragua, y la fábula del golpe en Bolivia, repetida ad-nauseam.
Y todo ello además de su cálida relación con la dictadura cubana, punto central de su complicidad. Por ello es que la posición de Colombia en la cumbre de Buenos Aires les puso la realidad de frente, identificando el silencio oportunista frente a las violaciones a los derechos humanos y planteando la suspensión de aquellos países miembros que vulneren los principios democráticos, es decir, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Loable, no obstante el problema es que dicha vulneración de los principios democráticos es perfectamente posible de acuerdo a los estatutos de CELAC. Pues así ocurre dada la deliberada ambigüedad contenida en la “Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional” del 3 de diciembre de 2011, la supuesta “cláusula democrática”.
En efecto, allí se dice que CELAC reafirma la democracia, que dicho bloque se asienta sobre el respeto irrestricto del Estado de Derecho, y que el mismo rechaza y condena todo intento que pretenda trastocar o subvertir el orden constitucional. Alerta por ello sobre los riesgos colectivos implicados en toda ruptura o amenaza de ruptura del orden constitucional en cualquier Estado miembro sin distinción.
Todo muy bien, pero el truco de esta declaración es que en ningún lugar se define la democracia como un orden construido sobre la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto. Ni que el funcionamiento de esa democracia dependa de la existencia de un régimen plural de partidos que garanticen la competencia electoral; es decir, la libre representación y participación de amplios sectores de la sociedad, la soberanía popular.
Tampoco se define qué clase de orden constitucional defiende CELAC. En ningún lugar de la mentada “cláusula democrática” se define el orden constitucional en términos de la separación e independencia de los poderes públicos que actúan por medio de pesos y contrapesos, ello a efectos de que el Estado de Derecho sea un Estado de Derecho democrático, o sea, que reproduzca una normativa y una jurisprudencia para garantizar los derechos y libertades de las personas, no para que sean despojadas de los mismos.
Esta nebulosa conceptual no es casual. De acuerdo a lo allí estipulado, pero más aún por lo omitido, el orden político cubano también califica como democracia. Es un sistema donde sí se vota, pero por un solo partido; donde en cada elección 605 candidatos “compiten” (subrayo las comillas) por 605 curules parlamentarios; donde el Ejecutivo no ha recibido una sola sentencia judicial adversa en 63 años, o sea, no existe la separación de poderes; donde solo se reconoce la legalidad de un partido, el Partido Comunista; y donde la Constitución de 2019 coloca a dicho partido en una jerarquía superior al propio Estado. Es decir, la nomenclatura no tiene que rendirle cuentas a nadie.
Eso no es democracia en ningún lugar del planeta, los olvidos conceptuales no son casualidad. Se trata de una autocracia de partido único, y detrás de Cuba le siguen sus imitadores, sistemas de partido único de facto, no de jure, en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Allí el Estado de Derecho no es democrático, como tampoco lo era bajo el Apartheid sudafricano, bajo la Constitución de la Unión Soviética de 1924 y hoy bajo la Constitución de la Republica Islámica de Irán de 1979. Como en Cuba, todos esos ordenamientos jurídicos son “Estados de Derecho”, pero no con el objetivo de otorgar y expandir derechos sino para suprimirlos y limitarlos.
Decir con honestidad intelectual que hay países que no respetan la clausula democrática de CELAC es de una ingenuidad engañosa, pues solo sirve para confundir a los verdaderos demócratas y los luchadores por los derechos humanos de todos esos países. CELAC no tiene una clausula democrática definida con la precisión adecuada y necesaria para garantizar el respeto a los derechos humanos.
Por eso es que CELAC es irrelevante, está desvinculada de las aspiraciones de los pueblos. Es el multilateralismo de las dictaduras y, como tal, cómplice de los criminales y violadores de derechos humanos.
Héctor Schamis
