Nada inédita es la afirmación de Gustavo Petro, presidente de Colombia, al apelar al latiguillo
de su condición de jefe de Estado para intentar sujetar al Fiscal General, órgano
constitucional autónomo, al punto que hubo de salir en defensa de la Constitución – no de
este, en lo personal, sino de la Administración de Justicia de la que forma parte – la Corte
Suprema de Justicia.
Inútil detenernos en los aspectos constitucionales de la cuestión, sobradamente sabidos o
entendidos por cualquier lego con un mínimo de sensibilidad republicana, sobre todo si es
demócrata a pie juntillas. Basta con señalar, sí, que el presidente de la república – salvo en
nuestros orígenes constitucionales compartidos, entre Venezuela y Colombia, en los que pesa
mucho la tradición monárquica y virreinal hispana – es, como jefe del Estado, un símbolo de
unidad de la nación; pero como tal jefe de Estado y de Gobierno, a la vez, está sujeto en sus
competencias a lo que manda la Constitución y no más allá. Y si se trata del fiscal general,
apenas cabe su potestad de someter a consideración de la señalada Corte, cuando
corresponde, una terna de candidatos para ejercer dicha función. Pero tan autónomo es y lo
debe ser este alto funcionario del Estado, que en sus manos está acusar y procesar a los
ministros del Poder Ejecutivo.
Irrelevante es insistir, además, en el indiscutible carácter unipersonal del gobierno que es
propio de nuestra cultura política – Simón Bolívar maldijo desde Cartagena de Indias la
figura del gobierno colegiado dispuesto por el constituyente de 1811 – al punto que, no
pocos creen, sobre todo quien ejerce esa función sin talante democrático, que el gobernante
es beneficiario de una inmunidad para hacer y deshacer, salvo cuando la popularidad se les
viene al piso, como en el caso del expresidente peruano, Pedro Castillo. Pero sí extraña que
Petro, quien hizo parte del M-19, copartero de la Constituyente de 1991 que dio origen a la
Carta fundamental en vigencia dentro de territorio neogranadino, busque cargársela. Y este
aspecto es el que importa y ha de saberse su razón de fondo.
Hugo Chávez Frías, su ícono y al que ya repite de modo contumaz sin ingenio creativo el
presidente colombiano – salvo para quienes entierran a la historia – inaugura su mandato
presionando a la Corte Suprema de Justicia en 1999, al verla como obstáculo que podría
oponerse a su deriva dictatorial y de ruptura del orden constitucional vigente desde 1961.
“Debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el Principio de la
exclusividad presidencial en la conducción del Estado”, le dice a sus magistrados.
Mas la cuestión no se queda allí y en 2001 – lo que catapulta el frustrado golpe militar en su
contra del 11 de abril de 2002 – afirma y precisa, ante el Congreso Internacional de Derecho
Agrario, reunido en Caracas, lo siguiente: “La ley soy yo, el Estado soy yo”.
Tras todo esto, pues era lo esencial, buscaba Chávez desmantelar a la Administración de
Justicia, destruir al Poder Judicial para modelarlo y sujetarlo según sus propósitos, para que
la ley dijese lo que quería decir quien ahora la encarnaba – acaso fundado en el Derecho
divino de los reyes. Así, la Asamblea Nacional Constituyente removió sin fórmula de juicio
a todos los jueces venezolanos, incluidos los jueces supremos, mientras, en una primera fase
nombra a jueces provisorios y de suyo sin autonomía, mientras alcanzaba el cometido de
cerrar su círculo de dominio constitucional e imponer sus dogmas de fe.
La Constitución de 1999 – que se vendiera como la mejor del mundo por predicar más
derechos que todos los reunidos en los tratados internacionales – modeló un sistema de
poderes sin contrapesos, transversalmente militarista, de un presidencialismo invasor y capaz
de legislar por decreto sin mayores cortapisas, y bajo la premisa de que el Estado es quien
forma a la persona y le confiere derechos, en la medida en que ella adecua su comportamiento
a los valores de la doctrina bolivariana. El “todo” encarna en el “dictador del siglo XXI”: “El
dedo de Chávez es el dedo del pueblo”, declararía ante él su Jefa de Gobierno para el Distrito
Capital”.
Reitero sobre lo crucial.
El modelo socialista del siglo XXI, rebautizado de progresista, que usa como latiguillo de
presión su amenaza de volver a las armas si no se les permite, “democráticamente”, acabar
con la “democracia burguesa”, entendió que el secreto del poder no está en las armas sino en
tener bajo absoluto control a los jueces y, en eso, Petro sólo repite lo que aprendió de Chávez;
quien a su vez tuvo como preceptor a Norberto Ceresole, sociólogo argentino fallecido,
señalado de antisemita y neofascista.
Petro, como lo hizo aquél, no pierde tiempo en diatribas con políticos ni con partidos. Está
persuadido de que viven aislados, presas de sus metaversos, como si los siglos XIX y XX no
hubiesen transcurrido. Entre tanto apunta al centro neurálgico que mantiene en pie los sólidos
culturales e histórico-políticos: A la nación, atemorizándola con la vuelta al tiempo de la
guerra, y al Estado constitucional de Derecho, para arrodillarlo como hizo el fascismo
italiano.
Piero Calamandrei, cuya obra machaco contumaz – El régimen de la mentira – lo explica
mejor: “Las instituciones no son aquello que dicen las leyes escritas, sino lo que se entiende
entre sus líneas; pues las palabras no tienen más el significado que les atribuye el vocabulario,
sino uno diverso y a menudo opuesto”.
En suma, “la mentira política [la posverdad diría César Cansino], que corrompe y hace
degenerar a todo régimen, en el fascista – ayer en el de Chávez, hoy en el de Petro, pichón
de dictador – se la asume como el instrumento normal y fisiológico del gobierno”. No por
azar, lo primero que hizo Nayib Bukele, en El Salvador, fue destituir, cuidando las formas
pero no el fondo de lo constitucionalmente admisible, a todos sus jueces constitucionales.
