CPI autorizó investigar la guerra contra la droga en Filipinas
Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) anunciaron el miércoles que dieron luz verde para abrir una investigación sobre los asesinatos presuntamente cometidos en Filipinas en la guerra contra la droga declarada por el gobierno, debido a que pueden constituir "crímenes contra la humanidad".
El tribunal con sede en La Haya aprobó la investigación a pesar de que Manila abandonó el tribunal en 2019 tras una investigación preliminar sobre la represión del presidente Rodrigo Duterte.
La ex fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, había pedido a los jueces en junio que autorizaran la investigación completa sobre las acusaciones de que la policía mató ilegalmente a decenas de miles de civiles.
Los jueces "consideraron que hay una base razonable para proceder a una investigación, teniendo en cuenta el elemento específico del crimen contra la humanidad de asesinato", dijo el tribunal en un comunicado.
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El tribunal dijo que parecía que "la llamada campaña de 'guerra contra las drogas' no puede considerarse como una operación legítima de aplicación de la ley, y los asesinatos ni como legítimos ni como meros excesos en una operación por lo demás legítima".
"El material disponible indica, según el criterio requerido, que se produjo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en cumplimiento o en apoyo de una política de Estado", añadió.
La investigación abarcará el periodo comprendido entre 2011 y 2019.
El incendiario Duterte provocó la censura internacional cuando retiró a Filipinas de la Corte después de que ésta iniciara la investigación preliminar sobre su campaña antidroga.
Pero los jueces dijeron que, aunque Filipinas se haya retirado como Estado parte de la Corte, los presuntos delitos tuvieron lugar mientras Manila seguía firmando el Estatuto de Roma de la Corte, por lo que aún puede investigarlos.
"El tribunal mantiene su jurisdicción respecto a los presuntos delitos que se produjeron en el territorio de Filipinas mientras era un Estado parte", dijeron los jueces.
Creada en 2002, la CPI es un tribunal de última instancia y sólo interviene en la investigación de los peores crímenes del mundo si sus Estados miembros no pueden o no quieren hacerlo.
La represión es la iniciativa política más destacada de Duterte, que la defiende a capa y espada, especialmente frente a críticos como los líderes e instituciones occidentales que, según él, no se preocupan por su país.
Fue elegido en 2016 con la promesa de campaña de deshacerse del problema de las drogas en Filipinas, ordenando abiertamente a la policía que matara a los sospechosos de haber consumido drogas si su vida estaba en peligro.
Más de 6.000 personas han muerto en más de 200.000 operaciones antidroga realizadas desde julio de 2016, según datos oficiales. Los grupos de derechos humanos estiman que el número de muertos podría ser varias veces mayor.
El duro Duterte ha afirmado en repetidas ocasiones que la CPI no tiene jurisdicción sobre él y que no cooperará con lo que ha llamado una investigación "ilegal", amenazando incluso con detener a Bensouda.
REDACCIÓN NTN24 / INFORMACIÓN AFP
