Muertes por enfermedades y hacinamientos marcaron el 2021 de los centros de detención venezolanos
En su último informe sobre el estado de las cárceles venezolanas, la organización Una Ventana por la Libertad (UVL) informó que durante 2021 fallecieron en los centros de detención preventiva (CDP) al menos 123 reclusos, siendo la principal causa de muerte las enfermedades por hacinamiento.
La ONG alertó que 95 personas privadas de libertad fallecieron por complicaciones de salud mientras se encontraban en estos espacios transitorios mientras continúan los procesos judiciales, 15 perdieron la vida en procedimientos policiales de recaptura, 5 en riñas, 4 en motines, 3 víctimas de abusos de funcionarios, y uno por suicidio.
LEA TAMBIÉN: La ONU celebra disposición del régimen y la oposición en Venezuela a reanudar el diálogo
"Por primera vez el régimen de Maduro aceptó el desastre que se vivía en los centros de detención preventiva y eso lo lleva a crear el 21 de junio de 2021, una Comisión para solucionar el problema de caos de los centros de detención preventiva", dijo al respecto el coordinador general de UVL, Carlos Nieto Palma.
El informe expone otras realidades aún más duras para los reclusos venezolanos:
- Mala alimentación
- Situación sanitaria repugnante en espacios mínimos
- Más de seis personas por celda, sin ventilación
- Tránsito de enfermedades infecto contagiosas
- Mínima presencia de personal médico interno
Este panorama se da en el 66,56 % de los CDP que monitoreo la ONG. En cuanto al porcentaje de afectación por sexo, 92 % son del sexo masculino y 8 % del femenino.
Otra cifra en rojo es la de extorsiones. En 229 centros, 75,83 % de los monitoreados, esta práctica es bastante alta.
Una Ventana por la Libertad hizo un llamado para que resuelvan los problemas de hacinamiento, que atenta contra la vida no solo de los reclusos, sino también de los funcionarios policiales que los custodian, cuando el mundo sigue dentro de una pandemia por el covid.
Labores del régimen de Maduro
Si bien la organización resalta que desde el Poder Ejecutivo se dictaron liberaciones, excarcelaciones y traslados, el hacinamiento persiste en el 2022 y sigue siendo un grave problema de Estado.
"La comisión de la 'Revolución Judicial' (...) su tarea principal e inmediata, que debía cumplirse en 60 días, era acabar con el hacinamiento en estas prisiones paralelas" expone UVL.
De acuerdo con el registro producto de la investigación, 16.595 reclusos están distribuidos en espacios que tienen capacidad para albergar a 10.310 personas por lapsos de 48 horas; el hacinamiento al cierre de 2021 era de 161 %.
"La Comisión no pudo, como era de esperar, resolverlo en seis meses (junio a diciembre) y menos aún en los supuestos 60 días en los cuales debía lograrse el fin del hacinamiento en los CDP", puntualiza la ONG.
