“Las políticas migratorias de México van en contra de los mínimos derechos humanos”, ex procurador general de México
El Gobierno mexicano, a través de su secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en el incendio en el que murieron al menos 38 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez, hubo “mala actuación” de funcionarios, por lo que la Fiscalía investigará la presunta responsabilidad de ocho personas, entre los que se encuentran dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco personas de la empresa de seguridad privada.
El programa La Tarde de NTN24 habló sobre este tema con José Ignacio Lechuga, ex procurador general de México.
El exfuncionario cuestionó que una empresa de seguridad privada esté a cargo de una cárcel migratoria.
“¿Qué hace una empresa de seguridad en una cárcel migratoria en Ciudad Juárez prestando servicios que le corresponden al estado mexicano y la Policía migratoria?”, señaló.
Además, señaló que “se comenta que esta empresa privada de seguridad es propiedad del cónsul de Nicaragua en México”.
A su vez, fue enfático en afirmar que la tragedia no se trató “de un accidente ni de un error, sino un homicidio doloso por omisión”.
“Estas políticas migratorias que México practica van en contra de los mínimos derechos humanos que un Estado debe ofrecer tanto a seres humanos nacionales o extranjeros”, añadió.
