En el debate actual sobre el deterioro de la democracia, sus desviaciones y fracturas, es frecuente hablar de autogolpe, golpe judicial, autoritarismo parlamentario, régimen “híper”-presidencialista, o su opuesto, “hipo”-presidencialista, entre otras nociones que intentan comprender y ordenar esta realidad.
Con una metáfora, sugiero hoy una suerte de nuevo tipo de ruptura institucional: el golpe de Estado de la impotencia. Es el caso del golpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Aquel 7 de diciembre, de manera irracional—contrario a su propia supervivencia como político—Castillo ordenó la disolución del Congreso e instauró un gobierno de excepción.
Que duró un par de horas, pues no tenía apoyo popular, de las Fuerzas Armadas, del flujo de información, del Poder Judicial, ni de sus propios ministros. De hecho, en cuestión de minutos renunció la mitad de su gabinete, el Congreso dejó las puertas abiertas para que ingresaran los legisladores, el Poder Judicial lo denunció y Castillo fue arrestado. Fue un golpe, pero de la impotencia.
Perú como espejo de Guatemala. Allí, el Ministerio Público viene llevando a cabo una campaña de meses para interferir con el proceso electoral, obstaculizar la transición e impedir la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia. De otro modo no se explica la permanente incertidumbre en la que han sumergido al país entero y a toda América Central.
Guatemala es el país más extenso y poblado del istmo, limítrofe con México, camino obligado de migrantes y canal de distribución para el crimen organizado. Las múltiples amenazas que dicha incertidumbre implican en términos de estabilidad y seguridad para toda la región difícilmente puedan ser exageradas, excepto por quienes curiosamente tienen como misión la defensa de la estabilidad institucional y la seguridad: el propio Ministerio Público.
Ellos juegan otro juego. Así es como todas las semanas lanzan una bomba informativa diferente, intensificando la estrategia de deslegitimación electoral. Ahora fue con una conferencia de prensa en la que hicieron explicito su objetivo de invalidar el resultado electoral basado en supuestas “firmas falsas” en la conformación del registro del partido vencedor y en “irregularidades” e “inconsistencias” en algunas actas de la elección.
El ya famoso fiscal Curruchiche declaró que, en razón de estos hechos, debería declararse nula la elección. Subrayo debería, pues no se puede anular. Lo cual el propio fiscal sabe, de ahí el modo condicional del verbo.
En realidad, ni siquiera la Corte de Constitucionalidad puede anular una elección, ya que la propia carta magna estipula que cualquier cuestionamiento al resultado debe formularse antes del 31 de octubre. El Tribunal Superior Electoral ratificó por vez número ene su fallo sobre la legitimidad del resultado oportunamente certificado. Nótese que cuatro de los cinco miembros titulares del tribunal están exiliados por las persecuciones del Ministerio Público.
La OEA encabezó la reacción internacional denunciando un intento de golpe por parte el Ministerio Publico. Que no lo es tampoco, un golpe de Estado supone el reemplazo de un gobierno legal por otro alternativo, ilegitimo y de facto, pero gobierno al fin. Los desestabilizadores de Guatemala no tienen capacidad de formar un gobierno. Y lo saben.
Como en el “debería” del Ministerio Público, todo es condicional, la pura incertidumbre. En todo caso “sería” el golpe de la impotencia, de la destrucción de poder y el vaciamiento institucional. Tal vez para que el presidente asuma débil, arrinconado desde el día cero por una corporación judicial que representa a un conglomerado de opacos intereses.
En definitiva, un golpe para que no exista gobierno alguno, lo cual es aún peor que un gobierno de facto. Para que no haya ley ni orden, para que los proto-estados puedan competir con el Estado por el control territorial, los medios de la coerción, las rutas y los mercados. Ya sabemos de quién se trata en esta capturada América Latina de hoy.
