“Ahora Maduro quiere reducir la presión internacional sobre su régimen. Sus funcionarios hablan de un plan para pasar la página. La idea es que celebrando elecciones ligeramente menos fraudulentas y negociando con la oposición, Maduro pueda persuadir a la administración del Presidente Joe Biden para reducir las sanciones impuestas por Donald Trump”.
Es textual, según nos dice “The Economist” con su realismo característico. Que no es cualquier realismo, pues reporta sobre la realidad al mismo tiempo que la sanciona. O sea, la recrea. Y de ese modo—una vez más—asistimos a la alquimia de una dictadura, miserable como ninguna antes, que se las arregla para alargar su horizonte temporal.
La nota deprime porque deprime la desdichada realidad venezolana. Pero también porque la trata como hecho consumado, una sentencia inapelable. Una realidad que descansa sobre fórmulas y rituales que nos han agotado a fuerza de repetición, anestesiando la dignidad. Y entonces surge nuestra cruda resignación con el oficialismo y la “oposición”.
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Con comillas, sí, porque en cualquier lugar del planeta toda oposición se opone, no así en Venezuela. Ocurre en democracia, pues la oposición representa a aquella parte del electorado que expresa otras preferencias. Y debe ocurrir en autocracia, donde por definición la oposición reivindica derechos vulnerados. Especialmente con una dictadura que no ha dejado un solo derecho sin violentar.
Tal parece nomás que habrá elecciones regionales. “Ligeramente menos fraudulentas” por el hecho que el nuevo Consejo Nacional Electoral tiene dos rectores cercanos a la oposición; el anterior tenía solo uno. El régimen se burla obscenamente y sus cómplices legitiman la burla. La prensa internacional, por su parte, bien gracias.
Henrique Capriles apoyó la idea rápidamente, figura representativa de oposición con comillas desde aquella información sobre un expediente judicial que lo vincularía al financiamiento ilegal de campañas; léase Odebrecht. Inicialmente Guaidó rechazó la idea de las elecciones regionales, pero ahora está de acuerdo con ser parte de las conversaciones, aparentemente en México.
Todo ello a partir del regreso de Noruega a escena—una vez más—para contribuir a la normalización internacional de Maduro, el intento de civilizar a un gorila. Van cambiando de lugar de reunión tal vez por sugerencia del operador turístico. Los resorts anteriores tienen mala fama por estar asociados a diálogos fracasados; Oslo, Barbados y varios sitios en la República Dominicana.
Guaidó intenta innovar en el terreno de la semántica, como si alcanzara con eso para recuperar la credibilidad perdida. Ahora lo llama “Acuerdo de Salvación Nacional”, al tiempo que ensaya una retórica intransigente: “no es una negociación. Estamos conscientes de que nos enfrentamos a una dictadura”.
Claro que también se contradice. De hecho, dos días antes había aceptado la posibilidad de un levantamiento progresivo y condicionado de las sanciones como un incentivo a Maduro para lograr un acuerdo. Es decir, un incentivo para negociar.
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Tampoco es del todo evidente el enfoque de la Administración Biden. Se ha alejado de la retórica agresiva de Trump, pero su posición frente a las sanciones es errática. Algunos funcionarios se mantienen inflexibles pero otros muestran predisposición al levantamiento de las mismas. Ello en la esperanza, o incentivo para Maduro, que sin sanciones las elecciones ligeramente menos fraudulentas serán aceptables.
Elecciones que no hay forma que sean creíbles, punto incuestionable dada la existencia de un sistema electoral diseñado para perpetuar al Psuv en el poder. Darle un voto de confianza a Maduro eliminando voluntariamente las sanciones—uno de los pocos instrumentos de presión en manos de la comunidad internacional—justo cuando la causas por crímenes de lesa humanidad avanzan en la Corte Penal Internacional, haría las veces de encubrimiento. Maduro ha dado muestras sobradas de no ser confiable.
Pero debe reconocerse su coherencia, no obstante. Por algo habla de “diálogo”, que no es sinónimo de “negociación”. Por ello evita mencionar si —y en todo caso, qué— estaría dispuesto a conceder, requisito necesario para la existencia de cualquier negociación. A Maduro solo le interesa el levantamiento de las sanciones, el regreso de los recursos venezolanos (léase, el levantamiento de las sanciones a los funcionarios corruptos con activos congelados en el exterior) y el reconocimiento de los poderes públicos (es decir de su régimen, por parte de Guaidó).
Y por supuesto la exoneración en La Haya, una alquimia bastante más complicada. Por eso demanda todo eso, lo exige. Y claro, si lo logra se habrá normalizado una vez más. Y aunque deje el poder por propia voluntad después, según se rumorea, habrá dejado consolidado un sistema diseñado para la opresión.
Al respecto, nadie de los que abogan por estas elecciones —ya sean muy o ligeramente menos fraudulentas— mencionan que a fin de año habrá seis millones de refugiados venezolanos, superando el número de refugiados sirios. Y que otros nueve millones de venezolanos pasan hambre dentro del país.
O sea, omiten que la mitad de la población de Venezuela sufre penurias durísimas a consecuencia de un régimen cuyo accionar político se organiza en base al sadismo. Una dictadura que siempre elige el sufrimiento del pueblo. No omiten decirnos que esos son quienes van a llevar a cabo elecciones y además contar los votos.
Héctor Schamis
