El Salvador: ¿libertad vs. seguridad?
El Salvador aprueba una nueva prórroga para extender el estado de excepción.
Es la undécima prórroga solicitada por el gobierno de Nayib Bukele desde que entró en vigor en marzo de 2022. El presidente la defiende como una herramienta necesaria para combatir los homicidios y la violencia que afecta al país.
El decreto permite a las autoridades suspender una serie de derechos constitucionales, como el de la libertad de reunión y asociación, y a la policía realizar detenciones arbitrarias y prolongadas más allá de lo que regula la ley y sin necesidad de orden judicial.
Es lo que Bukele ha denominado la lucha contra las pandillas y que, desde su entrada en vigor, ha llevado a la encarcelación masiva de cerca de 65.000 ciudadanos, según cifras del Ejecutivo.
La medida, dice el gobierno, está permitiendo reducir el número de homicidios y recuperar la seguridad pública… La prórroga aprobada ahora estuvo precedida de un mensaje del mandatario en redes sociales en el que aseguraba que el país lleva 300 días sin homicidios.
Los salvadoreños, en su mayoría, respaldan a Bukele. Sus índices de popularidad se han mantenido por encima del 80% pero organizaciones de derechos humanos y civiles denuncian que esta política de “mano dura” lleva aparejada una pérdida de derechos constitucionales?
¿Dónde está el límite?
Valeria Vásquez, analista principal para Centroamérica en la consultora de riesgo político Control Risks, ofreció una entrevista en Cuestión de Poder de NTN24.
