¿Persecución política contra Pedro Castillo o un discurso para desviar la atención de las investigaciones en su contra?
Se agrava la crisis política de Perú, militares rodean el palacio de gobierno en medio de la tensión generada por una denuncia constitucional que presentó la Fiscalía General contra el presidente Pedro Castillo.
En esa línea, la institución gubernamental aseguró tener evidencias de que el mandatario lideraría una organización criminal en el seno de su Gobierno, sin embargo, Castillo reitera su inocencia y denuncia que se estaría orquestando "una nueva modalidad de golpe de Estado".
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Las averiguaciones han revelado indicios de que presuntamente, Castillo es el cabecilla de una red de tráfico de influencias, colusión y de organización criminal para direccionar los procesos de contrataciones del Estado.
El mandatario, quien tiene seis investigaciones preliminares en su contra, denunció que es “una persecución política y que demostrará su inocencia”.
Asimismo, la subcomisión de acusaciones del Congreso iniciará el trámite para evaluar si la denuncia presentada por la fiscalía general es procedente.
Decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional es responsabilidad exclusiva del Congreso, no obstante, el artículo 117 de la Constitución de Perú, refiere que el presidente solo puede ser acusado durante su período por estos casos: traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales; por disolver el Congreso y por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
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El mismo día que presentaron la denuncia contra Castillo, la Fiscalía realizó varios allanamientos a oficinas y residencias de seis congresistas de Acción Popular, investigados por el direccionamiento de obras a empresas chinas.
Entretanto, el presidente peruano denunció que también la casa de su hermana fue allanada y que en el lugar se encontraba su madre, quien sufrió una baja en la saturación de oxígeno.
La denuncia contra Castillo fue recibida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y será analizada, en sesión ordinaria este viernes.
Si la denuncia es declarada procedente, pasará a la Comisión Permanente en la que se recabarán testimonios y pruebas que la sustenten, para dar trámite en el legislativo la denuncia será sometida a votación, pues se necesitan 66 votos, para suspender a Pedro Castillo de sus funciones.
También la primera dama, Lilia Paredes es señalada de hacer parte de la organización criminal que supuestamente lidera su esposo. Según expertos, de ser hallada culpable podría recibir entre 8 y 10 años de prisión.
Cabe añadir que, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país por 36 meses, tanto para la mujer de Castillo, como para sus hermanos David y Walter Paredes.
Redacción NTN24.com
