Un total de 16 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, entre fiscales, magistrados, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) e integrantes de cuerpos de inteligencia, fueron sancionados este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al considerar que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo.

Funcionarios sancionados

- Tribunal Supremo de Justicia -

• Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro había ganado las elecciones. Figueroa participó en la revisión técnica pericial del TSJ en el CNE, además estuvo involucrado en la citación de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.
• Malaquias Gil Rodríguez, magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ. En 2018, Canadá sancionó a Gil por corrupción y violación de los derechos humanos.
• Juan Carlos Hidalgo Pandares, magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ. Fue general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general del Ejército.
• Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ y encabeza la Sala Electoral. Certificó la afirmación del CNE de que Maduro había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones de fraude.
• Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral. Supervisó el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE.
• Edward Miguel Briceno Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia alineado con Maduro con jurisdicción sobre terrorismo. Giró una orden de captura contra Edmundo González menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los cargos de los delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia a las leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y asociación.

  VEA TAMBIÉN

  Fiscal del régimen cerrará el caso de Edmundo González tras asilarse en España

  o

- Ministerio Público -

• Luis Ernesto Duenez Reyes, fiscal del Ministerio Público, una institución afín a Maduro. En su cargo, Duenez emitió la solicitud oficial de orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela y se exilió en España el 8 de septiembre.

- Consejo Nacional Electoral -

• Rosalba Gil Pacheco, rectora del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil. Estableció una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, al instituir irregularidades en el registro electoral y al retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación. Además, Gil Pacheco declaró a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito electoral y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica del país, entre otras irregularidades electorales, según informes de prensa ampliamente difundidos.
• Antonio José Meneses Rodríguez, secretario General del CNE. Instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los fiscales electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y demorando intencionalmente los procesos en los centros de votación. También firmó el documento de la Contraloría que confirmaba la inhabilitación de Machado.

- Cuerpos de Inteligencia -

• Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal que presta servicios en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Inició procesos penales con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados Unidos y otros funcionarios opuestos a Maduro.
• Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. También se desempeñó como presidente de la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña "Furia Bolivariana" lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática.
• Domingo Antonio Hernández Larez, comandante Operacional Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
• Elio Ramon Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los implicados en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos. Acosó y detuvo a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a Machado durante la campaña electoral.
• Johan Alexander Hernández Larez, comandante de la REDI Capital de la GNB.
• Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Brito fue anteriormente director de contrainteligencia de la delegación presidencial. Es identificado como torturador en informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada llamada "Operación Tun Tun" para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.
• Miguel Antonio Munoz Palacios, director de Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Las sanciones contemplan que todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren en los Estados Unidos, de los sancionados o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Al mismo tiempo, todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas.

A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la Orden Ejecutiva 13692.