Crisis política Guatemala: OEA sigue de cerca transición presidencial suspendida. ¿Cuán grave es la situación?
En Guatemala, tensión política tras los últimos movimientos de poder que han desestabilizado y generado quiebre en la democracia tras el anuncio del presidente electo Bernardo Arévalo y el allanamiento por parte de la Fiscalía en las instalaciones del Tribunal Supremo Electora (TSE) donde descansan los votos.
Pese a la suspensión, la misión de la OEA seguirá en el país para mirar de cerca la transición presidencial la cual había avanzado con total normalidad con el presidente Alejandro Giammattei, pero que tras los reiterados anuncios de posibles actos de corrupción aún es incierto el panorama político guatemalteco y su desenlace en estos próximos cuatro meses establecidos para que Arévalo tome el poder.
Para el periodista y analista político, Luis Botello«estamos ante un posible golpe de estado que se que se está manejando de una manera lenta, estamos viendo como en los últimos dos, tres años Guatemala ha ido cayendo cada vez más en esa tendencia autoritaria y lo que está ocurriendo en este momento es la cúspide de esa decadencia democrática».
Cabe recordar que el allanamiento infringe la Ley electoral de Guatemala que establece que el único organismo para manejar los votos es propiamente el TSE. Cerca de 160 urnas electorales fueron abiertas; las cuales cuentan con los votos de los comicios del pasado mes de junio, en donde el Movimiento Semilla pasó a segunda vuelta, siendo visto como un quebranto a las instituciones y a la democracia del país.
Tras los hechos, a través de una rueda de prensa, Bernardo Arévalo dijo: “guatemaltecos, los golpistas deben renunciar, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo”. De igual manera reiteró que el registro viola la cadena de custodia de los votos, al abrir los archivos a cargo del máximo ente electoral.
El mandatario electo -que deberá tomar posesión el próximo 14 de enero- calificó estos hechos como un nuevo intento para interferir con el resultado y exigió la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general del país. Arévalo condena los hechos sin mencionar el sin número de ocasiones que ha denunciado un plan para orquestar un presunto "golpe de Estado" en su contra, según él, dirigido desde el Ministerio Público.
«Hay dos eventos de preocuparse, el primero es cómo estas estructuras autoritarias en América Latina han sido tan difíciles de echar para atrás, como siguen muy arraigadas en la cultura política de nuestros países y por otro lado la falta de ejecución democrática de los organismos, en este caso, regionales que verdaderamente tienen buenas intenciones pero no tienen ningún poder de influencia para cambiar el devenir de nuestros países», comentó Ana Vanessa Cárdenas, doctora en Relaciones Internacionales, miembro de la Red de Politólogas desde Santiago de Chile, Chile.
El gobierno de Alejandro Giammattei reiteró su disposición a "retomar inmediatamente el proceso” -dijo textualmente- “en el momento que las autoridades electas lo soliciten”. Arévalo, sin embargo, le ha exigido al mandatario pronunciamientos más concretos sobre lo que considera una violación a sus derechos políticos.
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