El pasado 21 de diciembre—con trámite de urgencia en pandemia y época navideña—la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”. Promulgada el día 22, dicha ley inhibe a todos los candidatos “golpistas” a postularse a cargos públicos.
El gobierno de Daniel Ortega considera golpistas a quienes participaron en las protestas populares de 2018, cuya represión causó 328 muertes. Según la ley serán considerados “traidores a la patria”, tampoco pudiendo ser candidatos a cargos de elección popular quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, fomenten actos terroristas, y/o realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación.
El día 23, a su vez, dos años después de la ocupación policial, el medio “Confidencial”, el canal 100% Noticias, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y la Fundación Popol Na sufrieron la confiscación de sus bienes por parte del gobierno.
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Una decisión ilegal, pues no existe la figura de la confiscación en la Constitución de Nicaragua. Por consiguiente, inhabilitando a la oposición y silenciando voces críticas el gobierno de Ortega ha dado un autogolpe en la mejor tradición fujimorista. Justamente, la Carta Democrática contempla esta problemática en sus artículos 20 y 21, alteración y ruptura del orden democrático, respectivamente.
El caso ilustra cabalmente en qué dirección va esta “izquierda canalla” latinoamericana (tome nota, estimado lector, regreso al concepto más abajo). Su objetivo manifiesto es eliminar la norma de la alternancia en el poder, o sea, perpetuarse, consolidando dictaduras y sistemas de partido único. Ello ocurre “de jure” o bien “de facto”.
El primer caso lo ejemplifica Cuba, en donde un solo partido tiene reconocimiento constitucional, el Partido Comunista. De ahí que en cada elección los candidatos del oficialismo no tengan competidores. Modelo ideal de dictadura, es irrealizable fuera de la Isla.
Por ello, la eliminación de la alternancia también ocurre de manera pseudo-legal, como ahora en Nicaragua, introduciendo la reelección indefinida. Ni que hablar si Petro llegara al poder en Colombia, su asalto al Poder Judicial estaría revestido de legalidad.
O bien ocurre de facto y de manera transparente, ya sea ignorando la Constitución gracias a jueces que siempre sentencian en favor del Ejecutivo, como ya lo habían hecho Ortega y Evo Morales. O por medio del fraude electoral, procedimiento habitual de Maduro y en el caso de Evo Morales en octubre de 2019.
La búsqueda del poder a perpetuidad, asimismo, se observa en los ardides diseñados para eliminar la independencia de las decisiones judiciales. Es el caso de las maniobras del gobierno argentino para consignar un juez adepto en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, distrito con el 40% del registro electoral del país. Eliminar la independencia también persigue la impunidad, un Poder Judicial subordinado que exonere a la Vicepresidente en sus causas por corrupción.
En todo esto se observa el aire de familia cubano pero con modificaciones. El castrismo no había sido capaz de exportar la revolución, según se lo propuso en los 60 y 70. Entonces solo contaba con estudiantes idealistas convertidos en guerrilleros torpes.
Ahora es diferente, ahora es el “castro-chavismo” y sus recursos. Una estructura multilateral de favores, sobornos y actos criminales que financia partidos afines y sus campañas (Podemos en España está incluído) tanto como revueltas para desestabilizar gobiernos legítimos.
Ahora no exporta revolución alguna, tan solo corrupción y crimen que barniza con la retórica marxista de entonces y cooptando al populismo, el cual siempre vio a la izquierda como una elite de delirantes.
Ahora impugnan al “neoliberalismo” y el “capitalismo salvaje”, afinando el discurso los mismos que tienen cuentas bancarias en paraísos, activos en Miami y denuncias por lavado de a cientos de millones. Hablan de “imperialismo yanqui” quienes se someten a China, Rusia, e Irán con total tranquilidad.
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Es una izquierda tan canalla que, en las postrimerías de las dictaduras decía que solo la democracia liberal y su configuración constitucional—separación de poderes, derechos y garantías—podía garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y reconocía que la caída del sistema soviético era evidencia de un sistema económico fracasado. Pero eso hasta que pudieron llegar al poder con el superciclo de precios y los recursos chavistas, para desmantelar esas mismas instituciones.
Lo de Nicaragua es particularmente doloroso; aquella revolución sandinista de la libertad, utopía de escritores y poetas abortada desde adentro. Una gran alianza multisectorial que, inclusive, se sometió al veredicto de las urnas y dejó el poder en 1990. Para regresar en 2007 y atornillarse a perpetuidad. Ya no será más aquel país “violentamente dulce” que nos narraba Cortázar. La de ahora es una violencia amarga.
No queda utopía de izquierda en América Latina, el concepto de equidad social ya no tiene significado en ellos. Está contaminado por los corruptos que han gobernado estas décadas. Alcanza con darle una mirada a los datos de pobreza y desigualdad en Cuba, Venezuela y Nicaragua para entenderlo.
No hay más idealistas, solo quedan los aduladores y oportunistas, los que no actúan por amor sino por interés. Solo a los melancólicos les quedan las migajas de aquel romanticismo, hoy absurdo e hipócrita. Es que la utopía esta vacía. Por ello deriva en dictadura; sí, pura y dura.
La izquierda de hoy es tan canalla que su proyecto es un continente en dictadura, la de ellos. Y ni siquiera será el “uno, dos, tres Vietnam” de Guevara. Será más bien “uno, dos, tres Venezuela de Maduro”.
Héctor Schamis
