Nuevo escándalo en el Gobierno de Perú: legisladores investigan presunta red de prostitución dentro del Congreso
Un nuevo escándalo dentro del Gobierno de Perú estalló luego de que el Congreso citara a declarar el pasado jueves a un exfuncionario sospechoso de haber montado una presunta red de prostitución en el Legislativo.
El principal señalado de esta supuesta organización es el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, el abogado Jorge Torres, cercano al derechista partido Alianza Para el Progreso (APP).
Torres deberá comparecer ante la comisión de Fiscalización para responder sobre las versiones difundidas la semana pasada por el programa de televisión "Beto a Saber", donde se le señala como el supuesto organizador de una red de trabajadoras que otorgaban favores sexuales a parlamentarios.
"Se dice que ellas han sido contratadas (por Jorge Torres) como personajes del bajo oficio, que van y se acuestan con algunas personas por algún beneficio", señala en el reportaje una extrabajadora, cuya identidad ni rostro se muestran.
Incluso una "visitaba al expresidente del Congreso Alejandro Soto", añade la entrevistada.
Soto, del partido APP, negó las acusaciones mediante un comunicado.
"(Lo) niego rotundamente (...) y pido por parte de la fiscalía y comisión de fiscalización que investigue", dijo.
La investigación del Congreso se suma a una indagación preliminar de la fiscalía por "el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres aún no identificadas".
El asesinato de la abogada Andrea Vidal, de 28 años, quien fuera asesora y brazo derecho de Torres hasta septiembre en que fue cesada, desató el escándalo.
La mujer murió el 17 de diciembre en un hospital de Lima, tras agonizar una semana luego de ser atacada a balazos junto al chofer del taxi en el que viajaba.
La investigación periodística asegura que unos sicarios contratados por Torres asesinaron a Vidal, quien supuestamente reclutaba a las prostitutas.
"Lo que ha sucedido es grave. La presunta red de prostitución, que ha acabado con el crimen de una extrabajadora del Congreso, tiene que ser investigada", dijo a la prensa el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos.
El Parlamento dijo este martes que Torres deberá informar sobre "los criterios adoptados para la propuesta y contratación laboral del personal que labora en la oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso".
Torres fue cesado de su cargo en el Congreso el 13 de diciembre, al día siguiente del asesinato de su asesora.
"Jamás en mi vida de parlamentario me imaginé atravesar una situación de esta naturaleza", lamentó el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, del partido APP.
