Entre cuestionamientos y polémicas, El Salvador cumple su primer año bajo un régimen de excepción
Este lunes 27 de marzo, El Salvador cumple su primer año bajo un régimen de excepción, una polémica medida que instauró el presidente Nayib Bukele para enfrentar el problema de las pandillas y la inseguridad en el país.
Aunque el decreto ha sido cuestionado por diferentes organismos humanitarios por violar derechos humanos, la mayoría de los salvadoreños avala la determinación como una solución al histórico problema. Además, mantiene al presidente Bukele con altos niveles de aceptación y respaldo ciudadano, según encuestas recientes.
Implementado desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado en 12 ocasiones por un período de 30 días, el decreto ha permitido al Gobierno ejecutar detenciones sin orden judicial.
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La medida fue instaurada en respuesta a una escalada criminal que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022 en el país.
Según los datos proporcionados por el presidente Bukele, “hace exactamente un año, el país cerraba el día con 62 homicidios”, pero un año después, la nación “cierra con 0 homicidios”.
“Marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia”, agregó el mandatario en su cuenta de Twitter.
Por su parte, algunos defensores de DD. HH. han denunciado en reiteradas ocasiones los abusos e irregularidades del régimen de excepción, entre ellas: detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y hasta el fallecimiento de algunas personas bajo custodia del Estado.
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De acuerdo con las cifras oficiales, esta "guerra contra las pandillas" ha permitido la detención de 64.111 presuntos pandilleros en El Salvador.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Seguridad afirma que, del total de detenidos bajo el régimen de excepción, han sido "liberadas" 3.745 personas que no se les ha comprobado ningún delito.
En esa misma lucha criminal, el Gobierno de El Salvador inauguró en las afueras del poblado de Tecoluca, una “megacárcel” donde serán recluidos 40.000 presuntos pandilleros y que ha sido denominada "Centro de Confinamiento del Terrorismo" (CECOT).
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El presidio, llamado por las autoridades como el más grande de Latinoamérica y que cuenta con tecnología de punta para evitar fugas, también ha sido cuestionado por distintos organismos defensores de derechos humanos.
A la fecha, 4.000 presuntos pandilleros han sido trasladados de otros centros carcelarios al CECOT.
