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Corrupción en PDVSA

Chavismo aprueba ley para confiscar bienes vinculados con corrupción

La Ley de Extinción de Dominio presentada por Diosdado Cabello, fue aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional.

El Parlamento de mayoría chavista, aprobó este jueves una ley para confiscar bienes vinculados con corrupción administrativa y otros delitos como el narcotráfico, en medio de una cruzada que ya contabiliza 61 detenciones contra funcionarios, empresarios y jueces ligados al gobierno.

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La Ley de Extinción de Dominio presentada por Diosdado Cabello, fue aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional.

El estatuto es similar al modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que plantea declarar "sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna" la "titularidad a favor del Estado" de bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Además, la ley establece que los delitos de corrupción en materia civil, no prescriben.

"No hay excusa para el que robó hace 15 años o hace 20 años. No prescribe el delito de corrupción", declaró el dirigente chavista Diosdado Cabello, que presidirá una comisión que revisará "todas las leyes" en esta materia para "hacerlas más enérgicas".

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Frente a esta situación la ONG Acceso a la Justicia advierte que la incorporación de este reglamento puede ser peligroso.

"Tememos que la iniciativa amparada en la lucha contra la corrupción busque no solo crear mecanismos que le permitan al gobierno apropiarse de bienes relacionados con actos ilícitos, sino también facilitarle una herramienta política para atacar, perseguir y amenazar a cualquier persona (...) con apropiarse de sus bienes, sean obtenidos de forma ilícita o no", indicó la organización en un informe.

"El derecho a la defensa no se le va a negar a nadie, pero tenga la seguridad, usted, señor corrupto, usted, señor terrorista o narcotraficante, que tenga bienes mal habidos, que esos bienes pasarán a manos del pueblo de Venezuela", afirmó Cabello ante los cuestionamientos.

Para entrar en ejercicio, la ley debe ser ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia y después ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro.


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