Gobierno brasileño controlará prisiones en estado fronterizo con Venezuela
El Gobierno federal brasileño asumirá el control del sistema penitenciario de Roraima, estado fronterizo con Venezuela, hasta el próximo 31 de diciembre, informó este martes el presidente Michel Temer.
La decisión responde a un pedido de la fiscal general, Raquel Dodge, quien solicitó la semana pasada una intervención federal "imperiosa y urgente" ante el "caos diario" que se vive en las cárceles de Roraima, que es uno de los estados más pobres del país, informó EFE.
Dodge indicó entonces que la actuación del Ejecutivo central es necesaria para evitar episodios como los ocurridos a principios de 2017, cuando Brasil vivió una de sus peores crisis carcelarias.
Entonces varias prisiones de los estados de Amazonas, Roraima y Río Grande do Norte registraron graves enfrentamientos entre reos de distintas facciones criminales, que dejaron cerca de 150 muertos.
En este sentido, el Gobierno central firmó con el de Roraima un "Acuerdo de Cooperación" para asumir "la gestión administrativa, financiera y presupuestaria de los sistemas penitenciario y socio-educativo" de ese estado "hasta el día 31 de diciembre de 2018", según señaló Temer en su cuenta de Twitter.
El 31 de diciembre será el último día del mandato de Temer ya que al día siguiente tomará pose el ultraderechista Jair Bolsonaro, vencedor de las elecciones presidenciales de octubre pasado.
Las rebeliones son frecuentes en las cárceles de Brasil, cuyo sistema penitenciario es considerado por organizaciones internacionales como uno de los "peores" y "más inhumanos" del mundo debido a los altos índices de hacinamiento y a las pésimas condiciones en las que se encuentran los internos.
Además, muchas de las prisiones del país están controladas por bandas criminales, como el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor facción del país, que nació en Sao Paulo y ha extendido su poder por el resto del país.
Según datos divulgados por el Fórum Brasileño de Seguridad Publica, la población carcelaria en Brasil alcanza alrededor de 730.000 personas, lo que supone cerca del doble de la capacidad del sistema penitenciario.
Además de la crisis en sus cárceles, Roraima ha soportado en los últimos meses una fuerte presión migratoria de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social de su país.
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