El crudo informe de HRW que revela pranatos y violencia sexual en Arauca y Apure
Grupos armados controlan a la población del Departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano Apure, según denunció la organización Human Rights Watch.
En su informe señala los graves abusos y crímenes cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La organización alerta que los grupos cometen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales.
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“Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan niños, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte o con meses de trabajo forzado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera, y especialmente en Venezuela actúan en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales”.
Los grupos armados han cometido en los últimos años cada vez más homicidios, entre enero y fines de noviembre de 2019 se registraron 161 asesinatos. HRW detalla que al menos 16 cuerpos de civiles hallados en Arauca en 2019 fueron encontrados con un papel en el cual se acusaba a las víctimas de haber sido “informantes”, “violadores”, “narcotraficantes” o “ladrones”. Algunos llevaban la firma de la disidencia de las FARC.
El informe concluye que “los grupos armados en ambos lados de la frontera han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos. Estas normas incluyen toques de queda; la prohibición de delitos como la violación sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos prohíben usar cascos a quienes circulan en motocicleta para que los miembros de los grupos armados puedan verle el rostro a las personas que circulan. Los grupos extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero”.
También castigan a los residentes con trabajo forzado. Los obligan a trabajar sin recibir pago alguno, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela.
Cerca de 44.000 venezolanos viven en Arauca en condiciones económicas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Muchas mujeres son sometidas a explotación sexual y coacción para intercambiar relaciones sexuales por dinero.
La organización defensora de los derechos humanos considera que, “si bien las autoridades colombianas han intentado contrarrestar el poder de los grupos armados, la impunidad sigue siendo la norma y la protección para los residentes es insuficiente”.
Redacción NTN24 - Con información de Human Rights Watch
